Carta a la militancia de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). Firmas


Los hechos acaecidos en la reunión del Consejo Político Nacional de la OPT (CPN-OPT) del 15 de diciembre de 2012 y la evolución de las polémicas y reuniones posteriores, confirman el proceso de deterioro político y organizativo que vive nuestra organización. Es claro que en la OPT no existe consenso, que la decisión de ir al registro, como en otras ocasiones, es la decisión unilateral de un sector de la Organización. Hoy queremos manifestar ante la militancia nuestra discrepancia.

En fin, en aras de superar la crisis de la OPT, creemos necesario retomar la propuesta de funcionar como un frente político que pueda abrirse a otras fuerzas que compartan una estrategia común, esto es: carácter del programa, política de alianzas, vía de lucha política y un plan estratégico para el periodo, que incluye la lucha por el gobierno en sus diversas acepciones, institucionales y extrainstitucionales, además de la pelea por la presidencia del país. Los estatutos deberán ser reformados para adecuarlos al nuevo tipo de funcionamiento. Establecida esta base estratégica, sólo los acuerdos tomados por consenso serán vinculantes. En el frente todos los participantes se comprometen a asumir la identidad genérica, sin que por ello dejen de reivindicar su identidad particular. Las instancias de dirección o de coordinación se integran con representaciones de las organizaciones participantes. Toda nueva incorporación tiene que ser aceptada por consenso.

En el terreno organizativo es obvia la parálisis y la desarticulación de las instancias de dirección, en particular del CPN y de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN). Desde el 17 de diciembre de 2011 en que se realizó el 2° Pleno Nacional del Consejo para definir la táctica electoral del 2012, no ha sido posible volver a reunir el Consejo respetando la normatividad establecida en el estatuto. De acuerdo al reglamento interno, los intentos para instalar el 3° Pleno del Consejo fracasaron: el 8 de septiembre de 2012 “iniciaron los trabajos con la presencia de 47 concejeros de 134”; mientras el 15 de diciembre pasado, de los 141 delegados previamente registrados ante la CEN, sólo se reportaron 56. La sesión arrancó a sabiendas que no había quorum y no se cuestionó como procede en cada reunión de acuerdo al estatuto. En la única votación del evento, relativa al emplazamiento de si íbamos por el registro nacional como partido según lo contemplado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COPIFE), o ensayábamos otra estrategia, la votación final quedó así: 28 votos a favor, 5 votos en contra, 4 abstenciones. Sólo votaron 37 consejeros de los 56 registrados. El grueso de los 19 consejeros que abandonaron la reunión, manifestaron su malestar por las formas que adoptó la discusión y por la ausencia de procesos para debatir temas de relevancia como el de registrarnos como partido en este momento.

Los métodos y los modos de discusión empleados por la mayoría de los partidarios de la propuesta de ir por el registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE), en particular de los grupos de filiación trotskista, como no respetar el orden del día, ofender a los oradores que no compartían su punto de vista y el uso de todo tipo de marrullerías, aunque escandalosos por la forma, no son el centro del debate político. Son efectos derivados del creciente desfase de la OPT con respecto a la situación política nacional e internacional y las necesidades políticas de los movimientos sociales.

El desfase político se expresa en cuando menos dos conjuntos de problemas. En primer lugar, los relacionados con la incapacidad de la OPT de trascender las discusiones que precedieron al Congreso de fundación y con las pretensiones de normar el desarrollo de la organización según las necesidades de la dirección de uno de los gremios promotores más importantes. En segundo lugar, los concernientes a la ausencia de análisis sobre la situación política concreta y, por ende, de orientaciones para operar en la coyuntura. Además de la imposibilidad de hacer vinculantes, obligatorios, los acuerdos sobre el Plan Político tomados en el Congreso y los que excepcionalmente se formularon en las pocas reuniones que formalmente realizó la Comisión Ejecutiva.

Sobre el primer paquete o conjunto de cuestiones, se puede decir que la OPT nunca rebasó la fase preparatoria del Congreso. La insistencia permanente de parte de la mayoría de los grupos trotskistas, de poner en la mesa de la discusión las definiciones centrales sobre principios, táctica, estrategia, estatutos y programa, empantanó el funcionamiento y dificultó la discusión y la toma de acuerdos sobre los trabajos cotidianos en los frentes de masas, verdadero fin de la OPT. Reunión tras reunión, cuando las hubo, aparecía el debate sobre el nombre, de si era del pueblo y los trabajadores o sólo de los trabajadores y la clase obrera; de si la OPT era un partido de clase a la usanza de los viejos partidos de la III o la IV internacionales o si era un partido del pueblo y los trabajadores: es decir, popular hegemonizado por los trabajadores. De si el programa era un programa democrático nacional; de unidad nacional contra la oligarquía, el imperialismo y el neoliberalismo, con horizonte socialista; es decir, por la liberación nacional y la emancipación social o, era un programa de los trabajadores, obrerista, anticapitalista y socialista. Sin comprender que la única posibilidad de ser anticapitalista en concreto, es la del pueblo y los trabajadores, asumiendo el programa de la democracia, la liberación nacional y la emancipación social; que el anticapitalismo sin proceso es un salto a ninguna parte; un salto doctrinario al socialismo sin el pueblo mexicano.

En el colmo de la incongruencia, se objetaban y se objetan las alianzas con sectores de la burguesía cuando, los mismos grupos trotskistas, matices menos matices más, comparten y hasta aplauden las alianzas con MORENA, PT, PRD, MC y Andrés Manuel López Obrador acordadas en la OPT. A la vez que también participan en instancias como la Convención Nacional Sindical o el Movimiento o Pacto por la Soberanía Alimentaria, hoy Frente Amplio Social sin inmutarse. Para todos es conocido que en todos esos partidos, referentes sociales y candidaturas, como la de Obrador, concurren grupos empresariales y líderes burgueses y hasta charros: los más renombrados y motivo de escándalo son gentes y organizaciones como Alfonso Romo y el SNTE.

Sin embargo, reunión tras reunión, se cuestionaba la política de unidad nacional contra el neoliberalismo, contra la oligarquía y el imperialismo, e iniciativas como la Proclama por el Rescate de la Nación, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Tribunal Permanente de los Pueblos y el #YoSoy132, por la presencia de sectores medios y bajos de la burguesía o la participación de grupos religiosos. Además de hacer vacío a todas las iniciativas por construir un bloque social popular que, en lo fundamental, comparta el programa de la OPT. Así ocurrió y ocurre con las propuestas de Asamblea Continental de Movimientos Sociales Hacia el ALBA, la Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas  Ambientales, el espacio de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, el Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, entre otros, salvo el de la Central de Trabajadores y la Asamblea Nacional Usuarios de Energía Eléctrica, donde todos concurrimos.

Las consignas recurrentes de los grupos trotskistas de lucha de los de “abajo” contra los de “arriba”, o de implantar ahora el gobierno obrero y campesino que se corresponde con una revolución socialista, suenan bien en algún que otro mitin o en boca de libertarios, pero no se corresponde con el programa de la OPT ni con las grandes contradicciones que la liberación nacional y la emancipación social habrán de resolver si es que deseamos avanzar en la construcción de otra sociedad.

En la lucha por la unidad nacional contra el neoliberalismo y por la liberación nacional se conjugan, entre otras, tres grandes contradicciones: nación/imperialismo, pueblo/ oligarquía y capital/trabajo matizada por las dos primeras. Si bien es cierto que desde el punto de vista económico, la contradicción fundamental en el capitalismo es la de capital trabajo y que no podrá transitarse a una sociedad sin explotación del hombre por el hombre, socialista o pos capitalista si no se resuelve a favor del trabajo, esta contradicción no aparece siempre como la principal en la escena política inmediata. La que condensa todas las demás y les sirve de eje. Esta circunstancia se presenta incluso en países capitalistas desarrollados y particularmente en aquellos como el nuestro, por su condición neocolonial. En ese contexto, no diferenciar entre los sectores oligárquicos y no oligárquicos de la burguesía, entre sus estratos medios y bajos, entre los partidarios del neoliberalismo y los tendencialmente “anti” neoliberales, por más moderados que sean, echándolos a todos en el mismo costal de los de “arriba”, conduce a la derrota. Impide la ubicación del enemigo principal en este periodo de lucha. Y lo mismo sucede cuando no explotamos las contradicciones entre las grandes potencias.

En el plano inmediato, esas políticas de los de “arriba” contra los de “abajo” llevan al sectarismo y al oportunismo. Los ejemplos de sectarismo sobran, los más notorios son los encaminados a dinamitar los esfuerzos por construir un gran Bloque Opositor en el que los trabajadores y el pueblo disputen la hegemonía, la conducción del país, de frente a la oligarquía y el imperialismo. En el caso del oportunismo, que consiste en no atenerse a los principios, los ejemplos también son evidentes. Quienes convierten en principio la negativa a pactar alianzas con burgueses y se alían con ellos de alguna forma, son oportunistas. Principio que por cierto no existe en el marxismo, ni en la experiencia de los leninistas, a quienes frecuentemente se alude para justificar posturas insostenibles. Simplemente porque el desarrollo desigual del capitalismo y sus contradicciones imponen diferenciaciones entre la clase dominante, la burguesía y aún el proletariado, que deben tomarse en cuenta en cualquier estrategia de liberación, tanto en los países capitalistas dominantes como en países como el nuestro, capitalista dependiente y semicolonial.

Otro tema que ha estado presente en las discusiones internas, a pesar de que el Congreso resolvió el asunto, es el de la estrategia de lucha legal y pacífica. A diferencia de lo que algunos suponen, la adopción de esa forma de lucha nada tiene que ver con una desviación legalista ni con principios pacifistas, aquí también subsiste la confusión de quienes creen que la forma de lucha para un momento o fase del movimiento se elige a partir de principios etéreos antes que del análisis de la situación histórica, de la correlación de fuerzas, de los planes enemigos, de su contexto económico y político y, sobretodo, del proceso organizativo y de los estados de ánimo del pueblo. Para la mayoría de la OPT, en este momento, no existen condiciones para una lucha violenta victoriosa y menos cuando la el grueso de los sectores movilizados no la comparten. No cuestionamos que existan fermentos sociales y grupos que operan en esa perspectiva de la vía violenta. Sin embargo, todos los procesos populares victoriosos de la última etapa han ensayado alguna forma de resistencia y desobediencia civil que terminó por convertirse en rebelión, alzamiento o insurgencia civil. La masividad de la movilización y su capacidad para neutralizar las provocaciones estatales y las de grupos infantiles de izquierda les dio el triunfo.

Debemos abandonar las ambigüedades y apoyar resueltamente la tendencia al levantamiento civil que existe en México y en otros países, a través de la desobediencia y la resistencia civil pacíficas. Jugar a la insurrección es criminal. Particularmente en el momento donde el imperio y la oligarquía mexicana buscan transformar su “guerra” contra el narcotráfico, en guerra contra los opositores. Al Estado mexicano le urge que alguien le dispare desde el pueblo, si no ocurre, ellos mismos crearan el acontecimiento. Las provocaciones del 1° de diciembre y 30 de enero con la resolución de la Suprema Corte contra el SME, están en la línea de abortar el proceso hacia el levantamiento civil. La explosión en las oficinas centrales de PEMEX, en el ambiente que vivimos, pudiera convertirse en el equivalente de las “Torres Gemelas”, el pretexto para desatar, sin atenuantes, el terror de estado contra los opositores. En este tema, a pesar de los acuerdos del Congreso, la mayoría de los compañeros trotskistas son ambivalentes.

En ese ambiente de debates sin fin sobre los temas que el Congreso resolvió, la dirección de la OPT acabó por ser inoperante. La última oportunidad que tuvo para remontar su crisis fue durante el 2° Consejo Político del 17 de diciembre de 2011 cuando definió un plan político para la coyuntura electoral de 2012. El Consejo acordó la puesta en acción de una táctica con dos componentes básicos: el pacto político electoral con Andrés Manuel López Obrador y los partidos del Movimiento Progresista y, el impulso de un Bloque Popular que desde el movimiento social y civil hiciera frente a la lucha contra el régimen.

El primer dispositivo táctico no se pudo operar. El acuerdo para que una Comisión Electoral de la OPT condujera la alianza con AMLO y el Movimiento Progresista no prosperó. El proyecto de programa, base de la alianza, fue desechado unilateralmente por AMLO, sin mayor explicación. De nada valió que su hechura fuera resultado del trabajo de una comisión conjunta. En la OPT no se trató el problema. La Comisión Electoral se reunió a medias en una sola ocasión. El acuerdo tomado por la CEN de la OPT para presentar una planilla común a nivel federal y otras de carácter local no se respetó. La planilla federal de acuerdo con la CEN, debía integrarse con dos compañeros electricistas y dos del magisterio; la lista sería encabezada por Martín Esparza y Jorge Cazares. Nada pudo hacerse, los representantes electricistas nombraron por su cuenta a los candidatos y negociaron con AMLO, el PRD y finalmente con el PT. La unidad de acción en el terreno electoral se desplomó.

En cuanto al “Bloque Popular”, salvo las convergencias ocasionales entre el SME y fuerzas cercanas al o del MLN, no existió mayor coordinación. Cada quién se movió según sus cálculos y conveniencias particulares. Así, los planes de movilización social conjunta platicados por fuera de la CEN no pudieron concretarse más que de modo sumamente parcial.

Creemos que esos sucesos sacaron a relucir otro problema de la OPT: el papel que deben tener los intereses particulares en el funcionamiento y la conducción de la OPT. En la medida que la OPT se asumía formalmente como una agrupación no frentista y, por tanto, sus resoluciones eran obligatorias para todos, el tema de la paternidad del proyecto carecía de importancia y toda ambición de administración patrimonial, en función de los intereses de algún sector, debía ser descartada. Sin embargo, nunca fue así. Lo cual puede ser comprensible en el arranque de procesos de este tipo, pero que de perpetuarse llevan a la parálisis organizativa y a la perdida de perspectiva política. Especialmente en un momento como el actual, donde la lucha por la representación nacional y por la unidad nacional contra el neoliberalismo pasa a primer lugar. Difícilmente se puede tener un lugar destacado y apropiado si los ritmos de la OPT son pautados por los intereses de uno o varios gremios, por más legítimos que sean.

La reunión del CPN del 15 de diciembre mostró la realidad por la vía del hecho: hace mucho que la OPT funciona como frente. Esto empezó a reconocerse en agosto por algunos compañeros, cuando de forma explícita en la CEN se presentó una propuesta para reajustar el funcionamiento de la Organización según sus nuevas realidades en la búsqueda de relanzarla con la participación de nuevas fuerzas políticas y sociales. (1) La forma en que se resolvió la polémica en torno al registro soló confirma esta realidad. En la OPT existen cuando menos dos maneras de enfrentar el asunto de cómo avanzar hacia el reconocimiento jurídico. Por lo mismo de nada importaron los esfuerzos por llegar a un acuerdo. Esfuerzos que se reflejan en la declaración final pero que no fueron suficientes.

Por los intereses particulares y de grupo de quienes integramos la OPT, por la incapacidad de abrir espacios y tiempos de discusión de esos intereses y por la existencia de posturas ideológicas y políticas que no son compatibles, como las relativas al programa y la estrategia, fue imposible llegar a un acuerdo. Los partidarios del registro directo no podían esperar, sus tiempos electorales estaban por agotarse. Se hizo caso omiso a las propuestas para tomar la decisión final a principios de enero, buscando la construcción de consensos. Todavía en la reunión de una parte de la CEN en la mañana del 15 de diciembre, para consensar un acuerdo de unidad, se presentaron dos propuestas de orden del día y de resolución: unos insistían en que la resolución debía abordar exclusivamente el punto del registro; otros planteaban que se explicaran las motivaciones políticas generales de la OPT para el periodo y en ese contexto la propuesta de registro. La resolución final recoge contradictoriamente las visiones encontradas sin que, en realidad, se haya llegado a un acuerdo. Lo que acabó de polarizar todo, fueron las condiciones bajo las cuales se pretendía avalar una postura que no fue consensada. Una parte, casi la mitad de los delegados mostró su inconformidad de forma espontánea, ninguno de los inconformes se había puesto de acuerdo de antemano.

De nueva cuenta, las formas, aunque también son fondo, pueden pasar a segundo plano. La discusión no fue propiamente entre quienes estaban por el registro y quienes estaban en contra. Eso todo mundo o casi todo mundo lo tenemos claro. Desde el proceso de gestación de la OPT se planteó claramente la aspiración al registro de un partido en el marco de lo impuesto por el IFE. Extrañamente uno de los sectores que se opuso a esa determinación hoy es partidario del registro, pero eso es un dato más. Lo importante reside en las evaluaciones del momento político que hacemos para respaldar nuestras propuestas.

Probablemente el mejor momento político para iniciar públicamente los trabajos del registro fue el tiempo en que iniciamos los trabajos para gestar la OPT, entre junio de 2010 y agosto de 2011. En ese tiempo el tema de la disputa electoral no era tan álgido, la pelea electoral estaba en el horizonte del 2012 y existía tiempo suficiente para posicionar el tema de una opción alternativa a la socialdemocracia neoliberal y el liberalismo progresista de AMLO, sin romper el posible frente común con ellos. Todo eso fue planteado e incluso asumido por algunos públicamente, sobre el particular pueden consultarse las declaraciones de Jorge Cazares aparecidas en la Jornada Michoacán a fines de julio de 2010. (2)

Hoy, las condiciones para lanzarnos por un registro nacional son más complicadas, no sólo por el deterioro de la vida interna de la OPT, sino por el ambiente general en el país. Luego de la derrota electoral de julio de 2012, el ánimo popular, y particularmente de quienes pueden asumir a la OPT como opción, no es propicio. La desconfianza hacia la opción electoral es notoria, más si la oferta aparece como descontextualizada de los grandes problema nacionales y particulares. La sola referencia a que los trabajadores no tienen derechos electorales y ahora sí los van a tener, no produce mayor certeza. Debe competirse con MORENA y con más de cinco decenas de organizaciones que pelean el registro. El mismo AMLO que lleva más de doce años en campaña tiene problemas fuertes para desatar el entusiasmo. Sumemos también, los cuestionamientos de amplias franjas de la llamada izquierda sindical y radical.

No venimos, como en el caso de Lula en Brasil, de un vigoroso y triunfante ciclo de luchas obreras y populares contra una dictadura militar, ni de levantamientos como los que facilitaron la aparición del Movimiento V República en Venezuela, ni de revueltas como las que potenciaron al Movimiento al Socialismo en Bolivia, o que dieron pie a Alianza País en Ecuador. En México debemos arar un poco más.

En la situación que vive la OPT, sin recursos, en medio de la prisa por los tiempos impuestos por el IFE, un objetivo como el propuesto va a consumir los pocos patrimonios y el tiempo de nuestros cuadros, abandonando, por la vía de los hechos, muchas de las luchas sociales en las que estamos inscritos a cambio de reclutar algunos cuadros. Todo, en el momento en que la OPT debe apoyar la organización de la lucha política contra el pacto neoliberal y la usurpación, por la reforma política democrática y la revocación del mandato a Peña Nieto. Lucha política contra el régimen que se hace todavía más necesaria cuando el SME debe enfrentar la sentencia de la Suprema Corte y el gobierno se apresta a destruir a la CNTE, entre otros contingentes.

El argumento de que “si no es ahora no será nunca porque no habrá más registros sino hasta después del 2018” no es el más adecuado en la medida que no atiende el estado de nuestras fuerzas, ni el ambiente político general. Así argumentado parece más una acción desesperada y sujeta al fatalismo de los tiempos gubernamentales. Se deja de lado el desgaste del régimen, la presión social para cambiar el terreno de la lucha electoral, las posibilidades de desatar una pelea nacional por una Reforma Democrática, ligada a la lucha contra el neoliberalismo, en particular contra las reformas que están en marcha: energética, fiscal, laboral-educativa. La OPT debe llamar a la organización de la resistencia nacional frente a la radicalización del terrorismo de estado. Al calor de todo ello debe plantear la reivindicación de derechos políticos para todos y la lucha por reformas democráticas estatales y por registros en las entidades donde tenemos posibilidades de generar movilizaciones y confluencia de otras fuerzas.

Argumentos como “no importa que no logremos el registro, porque, en último caso, vamos a crear comités de la OPT” pierden de vista otras implicaciones. La primera, se empuja en los hechos hacia una situación de ruptura dentro la OPT, con la esperanza de que la cosecha sea mayor a lo que se pierde o a lo que se puede perder dentro y fuera de la Organización. La segunda supone que la derrota al no alcanzar el registro, no tendrá más que efectos positivos, porque no le importan los resultados adversos de quienes militan en los estados o los problemas que habrán de enfrentar en organizaciones de masas cuya dirección es disputada por grupos izquierdistas y los partidarios de MORENA. Tal postura sólo atiende intereses estrechos de quienes ponen en el centro el crecimiento de membresías formales por encima de la necesidad de organizar la resistencia nacional. Si hay inseguridad en el triunfo, si el éxito es improbable, es una irresponsabilidad, como dirección, llevar a un mayor desgaste a nuestras fuerzas, alimentando la desesperanza y la propia desconfianza. Por qué no apostar a otro tipo de crecimiento de la OPT, más montado en la lucha política abierta contra Peña Nieto y el régimen, que en la pelea por un registro en los tiempos y modos del IFE. El resultado en cuanto a la “calidad” de la militancia pudiera ser otro, menos sujeto a las proyecciones y ambiciones de ocupar curules o puestos. Y también sería otro a nivel de la organización popular y de la unidad nacional contra los neoliberales.

Otros argumentos relativos a la posible participación de fuerzas como las del Sindicato Minero y de su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, que sumarían a los cien mil afiliados de su Asociación Política Nacional “Cadena” a la iniciativa de la OPT, hasta el momento son conjeturas. Difíciles de concretar por las presiones gubernamentales que sufre el Sindicato Minero y por las inercias del sindicalismo y de muchos de sus dirigentes que prefieren no arriesgarse a emprender la lucha política directa por las represalias estatales.

Es claro que en la OPT no existe consenso, que la decisión de ir al registro, como en otras ocasiones, es la decisión unilateral de un sector de la Organización. Hoy queremos manifestar ante la militancia nuestra discrepancia.

En fin, en aras de superar la crisis de la OPT, creemos necesario retomar la propuesta de funcionar como un frente político que pueda abrirse a otras fuerzas que compartan una estrategia común, esto es: carácter del programa, política de alianzas, vía de lucha política y un plan estratégico para el periodo, que incluye la lucha por el gobierno en sus diversas acepciones, institucionales y extrainstitucionales, además de la pelea por la presidencia del país. Los estatutos deberán ser reformados para adecuarlos al nuevo tipo de funcionamiento. Establecida esta base estratégica, sólo los acuerdos tomados por consenso serán vinculantes. En el frente todos los participantes se comprometen a asumir la identidad genérica, sin que por ello dejen de reivindicar su identidad particular. Las instancias de dirección o de coordinación se integran con representaciones de las organizaciones participantes. Toda nueva incorporación tiene que ser aceptada por consenso.

1º de febrero de 2013

 

NOTAS:

(1) Sobre el particular pueden consultarse las opiniones vertidas en  los documentos que sirvieron de base a la discusión del Pleno del CPN el 8 de septiembre de 2012.  (www.optmex.org)

(2) “Sugiere el secretario de la CNTE formar un partido de trabajadores”, Celic Mendoza Adame, La Jornada Michoacán, 23 de julio de 2010.

 

Firman:

Víctor Joel Echeverría Valenzuela (Consejero Guerrero y miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia de la OPT), Víctor Manuel Fernández Andrade (Consejero Zacatecas y miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia de la OPT), Alfonso Díaz Rey (Consejero Guanajuato), Juan Gerardo Domínguez Carrasco (Consejero nacional y CEN), Celia Puente Rivas (Consejera Guanajuato), Wilmar Joachim (Consejero Chiapas), Bayron Osorio Cárdenas (Consejero Chiapas), Fernando Tapia Rivera (Consejero nacional y CEN), Ramiro Ortiz (Consejero San Luis Potosí), Norma Catalina Aguilera Godoy (OPT Querétaro), Marcos Tello Chávez (Consejero nacional y CEN), Pedro Ramírez Vázquez (Consejero nacional y CEN), Isabelle Cauzard (Consejera nacional y CEN), Juan Melchor Román (Consejero Michoacán), Manuel Munguía Zapien (Consejero Michoacán), Miriam Noemí Córdova Barajas (Consejera Michoacán), Rafael Cervantes (Consejero Zacatecas), Jorge Zúñiga Villasana (Consejero Durango), José Hilario Román González (Consejero Durango), Mario Eduardo Serrano (Consejero Durango), Magdiel Sánchez Quiroz (Consejero nacional y CEN), Rosalío Morales Vargas (Consejero Chihuahua), Camilo Valenzuela Fierro (Consejero Nacional y CEN), Miguel Ángel Guzmán Michel (Consejero San Luis Potosí), Alejandro Hernández (Consejero San Luis Potosí), Blas Martínez Virginia (Consejero San Luis Potosí), Buenaventura Hernández Martínez (Consejero San Luis Potosí), Erika Castillo (Consejera San Luis Potosí), Jorge Hernández Juárez (Consejero San Luis Potosí), Martín Garay Sánchez (Consejero San Luis Potosí), Miguel Barragán (Consejero San Luis Potosí), Sebastián de la Cruz Olvera (Consejero San Luis Potosí), Teodoro Castillo González (Consejero San Luis Potosí), Javier Valenzuela (Consejero Sonora), Fernanda Tomasini Padilla (Consejera Morelos), Apolinar Segueda Dorantes (Consejero Guerrero), Diego Ventura León (Consejero Guerrero), Rosalinda Gutiérrez Terrones (Consejera Guerrero), Alejandro Alatorre Gómez (Consejero Querétaro), Francisco Aguilar Pérez (Consejero Querétaro), Salvador Cervantes García (Consejero Querétaro), Ángel Balderas Puga (Consejero Querétaro), Damián Acosta Pinal (Consejero Querétaro), Jorge Alberto Flores del Castillo (Consejero Querétaro), Andrés Refugio Zamora Huerta (Consejero Querétaro), Eduardo Lavín Beristaín (Consejero Querétaro), Altagracia Mosqueda Liceaga (Consejera Guanajuato), Lázaro Uc Mas (Consejero Guanajuato), Alberto Reyna García (Consejero Guanajuato), Benjamín Nava Covarrubias (Consejero Guanajuato), Rubén Vázquez (Consejero Guanajuato), Alfonso Mancilla Reyes (Consejero Distrito Federal), Francisco Ortiz Fuentes (OPT Zacatecas y miembro de la Comisión Estatal de Vigilancia), Jesús Soto (OPT Zacatecas), Marco Antonio Miranda Salgado (OPT Guerrero), Verónica Villarreal (OPT Durango).

 

Nuevas firmas:

Francisco Gregorio Fuentes Espinoza (OPT Nuevo León),

 

Mayo 5, 2013 · Editor · 2 comentarios
Categorías: CEN, Consejos, Declaración

2 comentarios en "Carta a la militancia de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). Firmas"

  1. Juan C. Navarrete - Mayo 19, 2013 a las 02:44

    Camaradas increíble la actitud de esta página, para que vuelven a poner en discusión algo que ya esta más que claro, hay un rompimiento de la opt, hay dos proyectos y en esta direccion web quiere quedarse con el cadaver de lA opt, mientras que la otra parte quiere revivir a ese cadaver. Ni siquiera se pudieron constituir bien, ni se pudieron poner de acuerdo, vaya patraña, mejor cierren este espacio y dejen de hacer el ridículo aparentando lo que no existe.

    Lo dice alguien que si creeía en el proyecto, organización política de internet pfff

Añadir comentario

Puede usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>